Al ser un mecanismo que sirve para imponer y, al mismo tiempo, garantizar un orden social, es necesario que sea un poder social el que cree y haga cumplir unas determinadas normas de conducta. Este poder lo representa el Estado. El Estado no sólo crea el derecho, sino que lo aplica y lo hace cumplir mediante el poder sancionador del que está investido.
No obstante, lo que hoy entendemos como derecho positivo surgió mucho antes de que apareciera la noción moderna de Estado, ya que la coacción, sin la cual no existiría regla de derecho, puede ser obra de una colectividad (familia, tribu) o de un individuo más fuerte que otros (el padre respecto a los hijos; en la antigüedad, el amo respecto a los esclavos). Así entendido, también las prescripciones religiosas que se sienten imperativas por el temor al castigo divino tendrían de facto carácter jurídico.
El derecho está en continua evolución, ya que es la vía de expresión de una relación de fuerzas en un momento determinado. Entre las fuerzas creadoras del derecho debemos también tener presentes otros factores, como los intereses materiales o económicos, los principios religiosos y morales, las distintas ideologías, la tradición, los hábitos, las influencias exteriores e, incluso, los sentimientos (odio, miedo, venganza, fraternidad).
Nadie duda hoy día el papel fundamental que el Estado desempeña en la aplicación del derecho. Es el Estado quien declara o reconoce qué derecho tiene vigor y eficacia en un territorio determinado, y lo hace mediante las leyes que sus órganos crean o bien aceptando otras dimanadas de la costumbre o del poder establecido. El Estado tiene, en definitiva, el poder de coerción del derecho y disfruta de la capacidad sancionadora en exclusiva.
